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6 preguntas clave sobre una realidad insostenible

Publicado el 02 octubre 2017 por manuguerrero

1. ¿Quién ha ganado el 1-O? Nadie. La consulta no ha sido más que una performance. Un espectáculo donde los actores han vuelto a representar sus enconadas posturas. Ni había garantías legales para el referéndum ni se ha desarrollado con transparencia. ¿Qué validez tiene una consulta donde no había censos y donde quien ha querido ha votado 4 veces? La jornada del 1-O no ha servido más que para distanciar a unos catalanes de otros y para cuestionar el Estado de derecho. ¿Estamos protegidos los ciudadanos que cumplimos escrupulosamente la ley de quienes deliberadamente la incumplen?

2. ¿Cuándo comenzó este embrollo? Se incide mayoritariamente en marcar 2010, con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, como el inicio de la desconexión práctica de España y Cataluña. Pero se olvida un detalle importante. En 1978, la Constitución determina el sistema electoral español, completado en 1985 por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Un sistema pactado por el establishment que prefirió darle protagonismo a la burguesía catalana y vasca en detrimento de terceras o cuartas fuerzas de ámbito nacional, de modo que durante los años que llevamos de democracia tres catalanes han tenido más poder real en el Congreso que un murciano, un andaluz, un gallego y dos canarios juntos. ¿Por qué, si el Congreso de los Diputados es una cámara de representación ideológica y no territorial, función que sí corresponde al Senado? Este desajuste fue el que propició que la estabilidad gubernamental dependiera de partidos nacionalistas, fundamentalmente vascos, catalanes y canarios, y no de sensibilidades ideológicas. Las consecuencias han sido catastróficas no solo para partidos como Izquierda Unida, gravemente infrarrepresentada: se han creado realidades muy dispares en contra de principios básicos establecidos en la carta magna.

3. ¿Tienen derecho los catalanes a votar? Depende. La democracia también está sometida a unas reglas. No es válida cualquier pregunta ni mediante cualquier procedimiento. Imagínense que un día a una comunidad autónoma cualquiera se le ocurre convocar a sus ciudadanos para decidir si expulsa o no de su territorio a un colectivo social determinado, sea, por ejemplo, el de una determinada orientación sexual u origen étnico. ¿Sería democrático plantear la pregunta? En nuestro Estado de derecho claramente no, porque esos colectivos están protegidos por una ley máxima, esto es, una Constitución, la de 1978, refrendada mayoritariamente por la ciudadanía española. Otro ejemplo: si algún día surgiera un partido político español que promulgara expulsar de España a una comunidad autónoma, por ejemplo la catalana o la asturiana, ¿sería lícito convocar un referéndum en el que no participaran los propios catalanes o asturianos? Las preguntas trampa existen.

4. ¿Debe aplicarse el artículo 155 de la Constitución Española?

Artículo 155

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

El texto no deja lugar a dudas. No aplicarlo desampara a buena parte, quizá la mayoría, de la población catalana. Esta medida excepcional debería aplicarse de forma temporal y parcial, sobre todo, en los ámbitos que han demostrado manifiestamente no cumplir con esas obligaciones, como, por ejemplo, el de la seguridad ciudadana. Los Mossos d’Escuadra no han cumplido, en su mayoría, con su imperativo profesional. Suponemos que sus responsables políticos serán investigados y juzgados por desobediencia y dejación de funciones. ¿Qué ocurriría si, llegado el caso, la rebelión la protagonizan los profesionales de la comunidad sanitaria? ¿Serían sancionados?

5. ¿Quién debe negociar sobre qué? La realidad catalana es la que es. No se puede obviar. A partir de hoy es urgente y prioritario coser las heridas generadas en ambos lados. Al igual que es ilegal una declaración unilateral de independencia, es poco inteligente la negación de la mitad de la población catalana, que desea un cambio radical en su relación con el gobierno de Madrid. La política es el arte de seducir. En los últimos 5 años, el movimiento independentista ha multiplicado por 3 el número de adeptos a su causa. ¿Deben los partidos unionistas aferrarse únicamente a la aplicación de la ley o deberían persuadir a la población catalana de las ventajas de permanecer junto al resto del Estado español? ¿está capacitada la diplomacia española para “vender” su mensaje en los principales medios de comunicación internacionales? ¿lo ha hecho? Esta batalla, desde luego, la están ganando los independentistas, pero hay un detalle importante: también se están extralimitando. Ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras serán interlocutores válidos si son condenados por sedición. A un representante político se le vota para que cambie la ley, no para que la viole. 

Y, por supuesto, que se puede y debe negociar la relación entre Cataluña y el resto de España. Para garantizar la convivencia entre catalanes es necesario refundar la autonomía y negociar desde cero cada una de las competencias. Pero sin olvidar que:

Artículo 139

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Cualquier derecho brindado a cualquiera de las comunidades autónomas debe ser ofrecido al resto de las comunidades mientras esté vigente la Constitución de 1978.

6. ¿Serán los catalanes algún día independientes? Seguramente sí. Y los vascos también. Pero habrá que esperar. En democracia todo es cuestión de consenso. Para que una comunidad autónoma se desvincule de las demás solo hay que modificar la Constitución, algo que ya se ha hecho varias veces y está perfectamente reglado. Eso sí, se necesitan amplias mayorías. No basta con 2 millones de personas dispuestas a romper la baraja.

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