Juan Carlos I se siente mayor. Quiere volver a España para pasar aquí sus últimos años. Lo ha dejado caer primero a través del cantante José Manuel Soto y después por boca del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El mensaje parece claro: el antiguo monarca quiere morirse aquí.

La pregunta es inevitable: ¿qué hacemos con él?

Conviene recordar algo esencial. A Juan Carlos nadie le obligó a marcharse. Nadie le puso una pistola en el pecho ni le firmó un decreto de expulsión. Fue él quien decidió irse. Y lo hizo porque entendió —o le hicieron entender— que a su hijo, y por tanto a la institución, le convenía cuanto más lejos, mejor. Su salida no fue un destierro; fue una maniobra de contención.

Su figura, además, no es sencilla. Tras la reciente desclasificación de documentos sobre el 23F, ha vuelto a subrayarse el papel que desempeñó para frenar el golpe de Estado del 23F. Aquella intervención fue decisiva y merece ser reconocida. España le debe, en parte, la consolidación de la joven democracia en un momento crítico.

Pero una biografía no se sostiene solo con un acierto, por enorme que sea.

El propio Juan Carlos se ocupó después de erosionar su prestigio: escarceos amorosos convertidos en escándalo público, comisiones opacas, regularizaciones fiscales forzadas, amistades peligrosas y aquella imagen —imborrable— cazando elefantes en Botsuana en plena crisis económica. Lo confieso: lo de los elefantes me indigna especialmente. Si le gusta cazar, ¿por qué no liebres o faisanes? Matar elefantes es fácil hasta con los ojos vendados; lo difícil es sostener la ejemplaridad cuando el país se aprieta el cinturón.

El problema no es solo moral; es institucional. Felipe VI no merece heredar el descrédito de su padre. Ha marcado distancias, ha renunciado a la herencia personal que pudiera corresponderle y ha tratado de blindar la Corona con estándares de transparencia más exigentes. De momento, está siendo escrupulosamente distinto. Y, sin embargo, cada movimiento del emérito reabre la herida.

Si Juan Carlos decidiera volver, su hijo ya ha fijado una condición básica: tributar en España. No se puede ir de patriota por la vida mientras se eluden obligaciones fiscales. Y no es un reproche exclusivo para él. Abundan los que agitan la bandera con una mano y con la otra buscan atajos para no contribuir. Un patriota de verdad cumple con su gente, paga impuestos y asume las reglas comunes.

Aquí hay también una lección más profunda. Nunca más un jefe del Estado debería quedar al margen de la vigilancia efectiva de las instituciones, de los medios y de los mecanismos de control. El reinado de Juan Carlos fue, en parte, reprobable porque durante décadas casi nadie se atrevió a fiscalizarlo. Se confundió estabilidad con silencio, y respeto con impunidad. Y eso, en democracia, se paga caro.

Personalmente, no tengo claro si en nuestro país, con una democracia tan joven y con un historial tan largo (y reciente) de golpes de Estado, es mejor la monarquía o la república. A los dos modelos les veo ventajas e inconvenientes. Lo que sí tengo claro es que me repugna un reinado como el de Juan Carlos I: un balance en el que una acción decisiva y valiente no compensa una sucesión de comportamientos impropios de un jefe del Estado. Hizo una cosa muy bien y demasiadas, fatal.

Entonces, ¿qué hacemos con el rey?

Si de verdad quiere a su hijo, a la monarquía y a España, solo tiene dos caminos dignos. El primero: seguir viviendo lo más lejos posible, permitiendo que el tiempo y la distancia consoliden la nueva etapa. El segundo: reconocer sin ambages que se equivocó gravemente, pedir disculpas claras, regularizar completamente su situación fiscal y comprometerse a no entorpecer ni el trabajo ni la imagen de sus herederos.

Volver no es un derecho sentimental; es un gesto político. Y los gestos políticos, cuando se ha sido jefe del Estado, no pertenecen al ámbito privado. Pertenecen a todos.