En las últimas semanas hemos sido testigos de una escalada de intervenciones directas de Estados Unidos contra líderes de otros países que deberían hacernos reflexionar profundamente sobre el rumbo de la política internacional. Bajo la presidencia de Donald Trump, en lo que ya se perfila como un segundo mandato marcado por el uso desmedido de la fuerza, Estados Unidos ha ido más allá de sanciones o presiones políticas: ha detenido y extraditado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha participado activamente en la muerte de Alí Jameneí, el líder supremo de Irán.
Estas acciones —capturar físicamente a un mandatario extranjero y ordenar ataques que terminan con la vida del jefe de Estado de otra nación— son prácticamente inusuales en la historia moderna. A lo largo de los siglos hay muy pocos precedentes de reyes, presidentes o primeros ministros que hayan sido ejecutados o extraídos de sus países por militares de potencias extranjeras. La violencia dirigida contra los máximos responsables de otras naciones no solo rompe con prácticas diplomáticas consolidadas, sino que establece un precedente peligroso: la eliminación física del “cabecilla” como herramienta legítima de la política exterior.
La administración Trump ha justificado estas medidas bajo discursos de seguridad y defensa, argumentando que se trata de evitar amenazas futuras o de debilitar regímenes considerados hostiles. Pero más allá de la retórica, estas acciones violan de manera flagrante la soberanía nacional de los países afectados y desdibujan normas básicas del derecho internacional que buscan precisamente evitar este tipo de atropellos. Organizaciones de juristas y expertos en derecho internacional han señalado que la operación contra Venezuela, por ejemplo, constituye una violación del ius ad bellum y una flagrante contravención de la Carta de las Naciones Unidas.
Es posible que algunos aplaudan la violencia cuando se dirige contra un dictador acusado de autoritarismo interno o crímenes, y rechacen esa misma violencia si la víctima fuese un líder considerado “benévolo”. Sin embargo, mi posición es radicalmente contraria en todos los casos. No se trata de simpatizar con tal o cual régimen, sino de oponerse a la lógica de la fuerza como primera respuesta. La historia nos ha demostrado que cuando grandes potencias buscan imponer su voluntad por medio de la violencia, los primeros damnificados no son los líderes que pretenden remover, sino las poblaciones civiles que se quedan en medio del fuego cruzado, en un limbo de sufrimiento y destrucción.
Esto es especialmente evidente en el conflicto más reciente con Irán. La ofensiva que siguió a la muerte de Jameneí ha causado ya cientos de víctimas civiles, muchas de ellas niños. Estas cifras —incluso sin una contabilización final independiente— ponen de manifiesto que las operaciones militares masivas no tienen la capacidad de distinguir entre un “dictador” y seres humanos inocentes que simplemente residen en el país objetivo.
Vivimos en un mundo interconectado y globalizado, donde existe inevitablemente un país hegemónico. Hoy ese rol lo desempeña Estados Unidos, y su principal rival en cuanto a proyección económica y diplomática es China, cada vez más cerca del primer puesto. A diferencia de Estados Unidos, cuya política exterior se ha caracterizado por intervenciones militares (a veces disfrazadas de “guerra justa”), China ha crecido mediante producción, comercio, inversiones y alianzas sin derramar sangre directamente en terceros países. Este contraste no es accidental: refleja visiones profundamente distintas sobre cómo ejercer influencia en el mundo.
Si aceptamos que el mundo tendrá siempre un actor dominante —una hegemonía, por más que pueda disputarse— entonces la pregunta real es qué tipo de hegemonía queremos respaldar. ¿Una que se basa en la imposición por la fuerza y en la eliminación física de rivales? ¿O una que apueste por el diálogo, por acuerdos multilaterales, por tratados que aseguren el respeto mutuo entre naciones? La respuesta debería ser obvia: todas las guerras son injustas, no importa quién sostenga que la “causa” es noble. Vivimos una sola vez, y nadie —ningún ser humano— merece morir por los intereses económicos, geopolíticos o estratégicos de las grandes potencias.
La paz no es solo la ausencia de conflicto armado. Es el respeto a la soberanía de cada pueblo, la promoción de tratados internacionales que limiten el uso de la fuerza, y la construcción de una cooperación entre civilizaciones que priorice la vida por encima de las ganancias. Matar al cabecilla no resuelve los problemas de fondo: solo multiplica el dolor, la inestabilidad y el resentimiento.