Vivimos tiempos de trincheras. La política se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en una competición por demostrar que los otros son peores. Ya no basta con defender una determinada idea de país, de sociedad o de economía: parece imprescindible presentar al adversario como una amenaza. Y en ese juego caben casi todas las armas: medias verdades, titulares descontextualizados, bulos, vídeos manipulados, exageraciones, etiquetas y una utilización cada vez más sofisticada de las emociones.
La política ha dejado de ser una confrontación entre ideas para convertirse en una pugna entre identidades: los nuestros frente a los otros, los buenos frente a los malos. Y quizás haya una forma sencilla de recuperar la perspectiva: volver a hablar de ideología. No de etiquetas utilizadas como insulto, ni de carnés partidistas, ni de aquello de “yo soy de los míos pase lo que pase”, sino de ideología entendida como un conjunto de principios que nos ayudan a responder a preguntas fundamentales: ¿qué debe hacer el Estado?, ¿cuánta libertad individual estamos dispuestos a proteger?, ¿qué nivel de impuestos consideramos razonable?, ¿qué papel debe desempeñar el mercado?, ¿qué responsabilidades tenemos con quienes parten de una situación desfavorable?, ¿qué significa para nosotros la igualdad?, ¿hasta dónde debe llegar la intervención de los poderes públicos?
Porque si no respondemos a esas preguntas, corremos el riesgo de que sean los partidos quienes decidan qué debemos pensar nosotros. Nadie nace con el carnet de un partido político en la mano, pero vivir te obliga, sin duda, a posicionarte ideológicamente.
Seis grandes familias de pensamiento
Las ideologías no son compartimentos estancos. Se mezclan, evolucionan y presentan numerosas variantes. Un conservador puede defender determinadas políticas económicas liberales; un progresista puede ser partidario de una fuerte disciplina presupuestaria; un socialista puede defender la iniciativa privada; un liberal puede considerar imprescindible un Estado del bienestar robusto. Pero conocer las principales familias ideológicas puede servir como brújula. No para encerrarnos dentro de una etiqueta, sino para saber desde qué principios juzgamos las decisiones de quienes nos gobiernan y, sobre todo, para reconocer cuándo un partido al que apoyamos empieza a alejarse de aquello que nosotros mismos consideramos importante.
1. El progresismo: cambiar aquello que puede mejorarse
El progresismo parte, en términos generales, de una idea sencilla: la sociedad no puede acatar como inevitable aquello que considere injusto. El progresismo contemporáneo suele poner el foco en cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos de las minorías, la protección social, la lucha contra determinadas formas de discriminación, la transición energética o la ampliación de derechos civiles.
Conviene hacer aquí una distinción importante: progresismo no significa necesariamente socialismo, ni mucho menos comunismo. El progresismo describe principalmente una actitud ante el cambio social: considera que las instituciones, las normas y las costumbres deben poder modificarse cuando producen injusticias o limitan derechos. Una persona progresista puede defender una economía de mercado, una fuerte intervención pública o distintas combinaciones de ambas. Lo que define al progresismo no es tanto una teoría concreta sobre la propiedad o la economía como la voluntad de avanzar hacia determinados cambios sociales y ampliar derechos o igualdad de oportunidades.
Su pregunta fundamental podría resumirse así: ¿qué debe cambiar para conseguir una sociedad más igualitaria y más libre? Que un ciudadano/a, nazca donde nazca, tenga las mismas oportunidades que los demás para alcanzar el estatus social que se merezca. Que una niña nacida en las 3.000 viviendas, por ejemplo, pueda ser una exitosa ingeniera.
Desde esta perspectiva, el objetivo principal no sería necesariamente decidir de antemano cuánto debe intervenir el Estado o quién debe ser propietario de los medios de producción, sino eliminar las barreras que impidan que esa niña pueda desarrollar sus capacidades. Un progresista podría defender una beca, una mejora educativa, políticas contra la discriminación o cualquier otra medida que considere eficaz para ampliar sus oportunidades.
2. El conservadurismo: mantener las reglas sociales del pasado
El conservadurismo parte de una preocupación diferente: cuanto menos cambie la sociedad, mejor. La tradición, las instituciones, la estabilidad, la familia, la comunidad, la seguridad, la continuidad cultural o la responsabilidad individual adquieren un peso importante dentro de esta tradición. Un conservador, de primeras, no acepta el matrimonio homosexual o una ley de paridad. Puede tolerarlo con el tiempo, pero nunca sería de su iniciativa. Por eso se dice que un conservador es un progresista con 25 años de retraso.
El conservadurismo nunca habla de progreso, habla de «reformas», que casi siempre tienden hacia el liberalismo, a quitarle protagonismo al Estado frente al individuo. Pero ¿qué ocurre cuando la tradición genera injusticias?
La misma niña de las 3.000 viviendas permite entender la diferencia. Un conservador no sería partidario de un trato diferencial, sino de exigirle un mayor esfuerzo personal para igualarse a otra niña de un barrio más próspero económicamente.
3. El liberalismo: la libertad como punto de partida
El liberalismo coloca en el centro de su pensamiento la libertad individual. Libertad económica, propiedad privada, iniciativa empresarial, limitación del poder del Estado… Su pregunta podría formularse así: ¿hasta dónde puede llegar el Estado antes de limitar la libertad de los ciudadanos?
Pero ¿puede existir una libertad real cuando las condiciones de partida son radicalmente diferentes? ¿Se puede ser libre y pobre a la vez? ¿La niña de las 3.000 debe recibir becas para sus estudios universitarios? Porque eso sería intervención directa del Estado.
4. El socialismo democrático: igualdad y protección social
El socialismo democrático parte de una preocupación central: la libertad política pierde parte de su significado cuando las desigualdades económicas y sociales son demasiado profundas. De ahí su defensa histórica de los servicios públicos, los derechos laborales, la redistribución mediante impuestos y la intervención del Estado para corregir desigualdades producidas por el mercado.
Aquí aparece una diferencia fundamental con el progresismo. El progresismo puede defender una determinada reforma social sin tener una posición definida sobre el sistema económico. El socialismo democrático, en cambio, incorpora una concepción más concreta sobre la relación entre economía, igualdad y poder: considera que el Estado debe intervenir activamente para reducir las desigualdades y garantizar determinados derechos sociales. Por eso puede existir un progresista liberal y, al mismo tiempo, un progresista socialista; ambas posiciones pueden compartir objetivos sociales pero discrepar sobre los instrumentos económicos necesarios para alcanzarlos.
En el caso de la niña de las 3.000 viviendas, un socialista democrático probablemente pondría el foco en las condiciones materiales que determinan sus oportunidades. No bastaría con decirle que tiene libertad para estudiar una ingeniería si su familia carece de recursos. Defendería una educación pública de calidad, becas, sanidad, ayudas sociales, políticas de vivienda o una fiscalidad redistributiva que permita financiar esos servicios.
5. El neocomunismo: igualdad estructural y crítica del capitalismo
El comunismo constituye una tradición ideológica diferente del socialismo democrático, aunque históricamente ambos han compartido determinados objetivos y también han mantenido profundas diferencias. Su crítica fundamental parte de la estructura de propiedad y de las relaciones económicas generadas por el capitalismo. Las corrientes comunistas han defendido históricamente una transformación profunda de esas relaciones y una mayor colectivización de los medios de producción.
Esta diferencia es importante: el socialismo democrático pretende corregir las desigualdades del capitalismo mediante la democracia, la redistribución, los servicios públicos y la intervención del Estado, mientras que las corrientes comunistas parten de una crítica más profunda al propio sistema de propiedad y a las relaciones de producción. Por tanto, no se trata simplemente de querer “más impuestos” o “más Estado”: la cuestión comunista afecta a quién posee los recursos productivos y cómo se organiza la economía.
La pregunta que esta tradición plantea sería: ¿puede existir una sociedad verdaderamente igualitaria dentro del sistema económico actual o es necesaria una transformación profunda en la propiedad de los recursos naturales, energéticos y económicos?
Volviendo a la niña de las 3.000 viviendas, el planteamiento comunista no se limitaría a preguntarse qué beca necesita para llegar a la universidad. Se preguntaría por qué nace en unas condiciones materiales tan diferentes de las de otras personas y si esas diferencias son consecuencia de una estructura económica que debería ser transformada. La solución, desde esta perspectiva, no consistiría únicamente en ayudar a esa niña a ascender individualmente dentro del sistema, sino en modificar las relaciones económicas que producen y reproducen esas desigualdades.
6. El reaccionarismo: recuperar un orden perdido
Aquí aparece una corriente especialmente interesante para comprender una parte de la política contemporánea: el reaccionarismo. Es una posición que no se limita a desconfiar de determinados cambios, sino que aspira a reaccionar contra ellos y, en algunos casos, a recuperar aspectos de un orden anterior considerados preferibles. Por eso conviene distinguirlo del conservadurismo: mientras el conservador puede querer preservar instituciones existentes, el reaccionario puede considerar que esas instituciones ya han sido transformadas en exceso y que es necesario recuperar un estado de cosas anterior.
En Estados Unidos, el trumpismo ha convertido cuestiones como la inmigración, la identidad nacional, la relación con las élites culturales, los conflictos sobre género y la reacción frente a determinadas transformaciones sociales en elementos centrales de su discurso. En España, Vox tiene una agenda claramente reaccionaria, especialmente en cuestiones de inmigración, género y memoria.
También aquí podemos volver al ejemplo de la niña de las 3.000 viviendas. Un reaccionario empezaría cuestionando cómo sus padres han gestionado su vida para acabar viviendo en ese barrio, y no en otro más próspero económicamente.
La ideología debería ser una brújula, no una camiseta
Definirse ideológicamente por uno de estos movimientos no significa convertirse en hincha de un partido. Todo lo contrario: una persona que sabe por qué piensa lo que piensa debería ser más difícil de manipular por cualquier partido, porque dispone de un criterio anterior a la propaganda y puede utilizarlo para juzgar tanto al adversario como a quienes dicen representarla.
Si alguien se considera progresista, debería poder criticar a un partido progresista cuando incumple sus principios. Ese debería ser el verdadero sentido de la identidad ideológica: no obedecer al partido porque comparte nuestra ideología, sino exigir al partido que sea fiel a los principios que dice representar. Una persona que defiende la libertad debería defenderla también cuando beneficia a alguien con quien discrepa; quien exige igualdad debería denunciar los privilegios injustificados aunque beneficien a personas de su entorno; quien reclama responsabilidad fiscal debería exigirla también cuando gobiernan quienes comparten sus ideas; y quien considera esencial la democracia debería aceptar sus reglas incluso cuando el resultado no coincide con sus preferencias.
Por eso resulta tan importante aprender a exigir más a los nuestros que a los demás. Cuando sabemos cuáles son nuestros principios, podemos establecer líneas rojas que no dependan de quién ocupe el poder. Si defendemos la transparencia, debemos exigir transparencia aunque el implicado sea de nuestro partido; si defendemos la libertad de expresión, debemos defenderla también cuando habla alguien con quien estamos radicalmente en desacuerdo; si defendemos la lucha contra la corrupción, no podemos utilizar la corrupción del adversario para justificar la corrupción del nuestro; y si defendemos el respeto institucional, debemos reclamarlo igualmente cuando la institución está dirigida por personas cuyas ideas rechazamos.
La misma regla debería aplicarse a la información política. Ante una noticia que perjudica a nuestros adversarios, la primera pregunta no debería ser quién la ha difundido ni cuánto nos beneficia, sino qué pruebas existen para sostenerla. Y cuando una información favorable a nuestra posición resulta ser falsa, deberíamos tener exactamente el mismo interés en desmentirla que cuando el perjudicado es nuestro adversario. La política democrática necesita ciudadanos capaces de decir “esto es falso” aunque la mentira favorezca a su propio bando, porque de lo contrario las redes sociales y los aparatos de propaganda terminan premiando precisamente a quienes más consiguen manipular nuestras emociones.
No necesitamos partidos perfectos. Necesitamos ciudadanos exigentes. Probablemente ningún partido pueda representar al cien por cien las ideas de una persona, y quizá sea precisamente eso lo saludable. En una época de algoritmos, redes sociales y mensajes políticos diseñados para provocar una reacción inmediata, quizá el acto más importante sea detenerse antes de reaccionar. Leer, contrastar, preguntar, dudar y pensar no son ejercicios de tibieza política, sino precisamente la condición necesaria para que nuestras convicciones sean realmente nuestras. Definir una ideología no significa encerrarnos dentro de una etiqueta ni renunciar a cambiar de opinión; significa disponer de unos principios que nos permitan juzgar la realidad con cierta coherencia y reconocer también nuestras propias contradicciones.
Cuando no sabemos qué principios defendemos, resulta muy sencillo que alguien nos diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Cuando sí lo sabemos, la relación con la política cambia: podemos apoyar hoy y criticar mañana, reconocer un acierto del adversario sin sentir que hemos traicionado a nadie, cambiar de opinión cuando aparecen nuevos argumentos y rechazar una mentira aunque favorezca a quienes pensamos que tienen razón.
Quizás esa sea, en último término, la verdadera utilidad de tener una ideología: no encontrar un partido al que obedecer, sino encontrar unos principios desde los que poder juzgar a todos los partidos, incluidos aquellos a los que votamos. En una democracia madura, los partidos no deberían tener ciudadanos incondicionales. Deberían tener ciudadanos que conozcan sus ideas, que sepan por qué las defienden y que estén dispuestos a exigir a quienes dicen representarlas algo que debería ser mucho más importante que ganar una discusión política: coherencia, honestidad, competencia y respeto por las reglas del juego.